Las evaluaciones de los proyectos presentados a convocatorias europeas han cambiado su perspectiva en 2023 y han aumentado la importancia de los planes de sostenibilidad e impacto social en los proyectos. Es decir, evalúan de forma más estricta el cómo se planea garantizar la continuidad del proyecto una vez terminada la financiación europea y quién se va a ver beneficiado, respaldado, apoyado por los cambios que traerán las actividades que han sido planeadas, es decir el impacto social del proyecto.
El resultado de los proyectos que son premiados con financiación europea ha de ser, en consecuencia, de larga duración. Asistimos por fin a un cambio de paradigma, de subvenciones pasamos a financiaciones iniciales que han de servir como primer capital para consorcios, investigaciones o modelos que son capaces de aportar valor de forma duradera. Es obvio que no todos los proyectos que reciban financiación pública van a ser capaces de sobrevivir una vez terminada la financiación, no obstante, lo considero una gran noticia.
El modelo de subvención se ha demostrado caro y poco efectivo en este siglo. Las entidades sociales han tenido en gran medida a la financiación pública como principal fuente de ingreso, debido a la labor social que cumplen. Gracias a fondos como Horizonte Europea o el antiguo Fondo Social Europeo se han desarrollado proyectos que han fomentado una relación transnacional entre las entidades sociales y sus entornos mejorando sin duda el acceso a conocimiento y la generación de nuevas soluciones. ¿Pero qué ocurre cuando se termina la financiación pública? Que en muchas ocasiones viene el drama. Se ha destinado tanto tiempo a la gestión del proyecto, las auditorias, la realización de hitos, el reclutamiento de participantes… que la sostenibilidad financiera del proyecto y/o las entidades que lo llevaban a cabo se ha terminado o ha quedado muy debilitada. Solucionar este reto es uno de los porques de la apuesta de la Comisión Europea por el impacto social real y la sostenibilidad financiera.
Por fortuna no solo cambia el sistema de evaluación, también cambia el marco y la legislación. La aprobación por parte de la Comisión Europea del Plan de Acción Para la Economía Social a finales de 2021 convierte al sector de la economía social en un sector industrial, igual que p.ej el de la automoción. Quiere decir que vivimos ya en tiempos donde la Economía Social ha de contribuir con empleos de calidad e impacto económico el desarrollo del bienestar europeo.
A partir del próximo año (2024) las grandes compañías europeas (alrededor de 50.000) tendrán que cumplir de manera obligatoria con la Directiva sobre Informes de Sostenibilidad de las Empresas (CSRD por sus siglas en ingles). Las PYMES tendrán que aplicar la directiva a partir de 2026.
La conclusión que saco de todo esto es que la Comisión Europea apoyada en sus dos principales pilares estratégicos, Green Deal y Estrategia Europea de Digitalización, está acelerando para conseguir llegar al año 2.030 con una sociedad y economía más sostenibles. Probablemente para esa fecha no distingamos claramente entre tercer sector (Oenegés) y sector privado (Empresa Privada). Los primeros tendrán que cambiar su forma de gestión a una más «empresarial», destinada a aumentar su capacidad de generar ingresos de forma independiente (no confundir con beneficios). Los segundos tendrán que pensar en clave más social, ecológica y en definitiva sostenible. Probablemente su misión sea igual de potente en unos años que las de Intermon, Amica o la Cruz Roja en la actualidad. La necesidad de adaptarse al marco regulatorio y también a las demandas de sus clientes ya está provocando esta revolución.
